Violencia de género: un enemigo latente
María Dolores García Pérez
La violencia es un problema social que afecta a mujeres por su condición de género. Se presenta en todos los ámbitos y por diversos agresores. Durante mucho tiempo la violencia hacia la mujer por parte de la pareja fue considerada como un problema individual, privativo del ambiente familiar, en múltiples ocasiones minimizado, ocultado y hasta justificado; la sociedad, los organismos e instituciones públicas no hacían nada al respecto. Actualmente, la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un asunto de familia para convertirse en un problema social y de prioridad.
El objetivo de la violencia es obtener y mantener el poder sobre los demás. La violencia hacia las mujeres no es un problema que se explique por adicciones, condiciones de pobreza, problemas psicológicos del agresor, etc. Es un problema de relaciones de poder entre sexos, desde una perspectiva de sometimiento. El resultado real es daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada de las mujeres. La violencia pública puede ser ejercida por autoridades escolares, maestros y compañeros; en espacios de trabajo como el jefe en forma de acoso y discriminación laboral. La violencia ejercida contra las mujeres en espacios privados se refiere a la cometida por una persona con quien mantiene una relación de tipo íntima, incluidos la pareja, familiares y amigos, independientemente de si esa violencia se produzca dentro o fuera del hogar.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el primer organismo internacional en mencionar la gravedad de la violencia contra la mujer, y reconoció que esta violencia en el entorno familiar es el crimen encubierto más frecuente en el mundo. Con esta declaración se han organizado convenciones y conferencias con el fin de promover instrumentos internaciones para que las distintas naciones las integren a sus leyes. Nuestro país ha construido redes sociales, reformado marcos jurídicos, creado normas e instituciones, diseñado metodologías para capacitación, sensibilizado a los medios de comunicación, etc. Sin embargo, las estadísticas revelan que más de la mitad de las mujeres han sido víctimas de violencia por su condición de género.
Las manifestaciones de violencia dentro de la pareja no se reducen únicamente a los golpes. Comprende toda una gama de actos psicológicos (humillaciones, intimidaciones), físicos y sexuales potencialmente dañinos, así como la explotación y el abuso económico practicados contra las mujeres por su pareja actual o anterior, sin el consentimiento de la mujer.
Las mujeres violentadas tienen pocos recursos en su círculo de ayuda. Al complacer a su marido se aíslan de sus familiares y amigos; ya no saben cómo defenderse; viven con miedo a salir para no provocar “celos” a su pareja; continuamente tienen moretones usando como justificantes caídas o golpes por accidentes. Mujeres que al ser violentadas se atreven a alzar la voz pidiendo apoyo a seguridad pública, pero al enterarse que su marido estará unos días en la cárcel por violencia intrafamiliar no pueden soportar el conflicto de querer a su marido y protegerse a su vez de él, se sienten culpables y retiran los cargos, el marido regresa a casa y el círculo de violencia vuelve a iniciar, muchas de las veces aumentando su intensidad.
Los actos de violencia son considerados situaciones normales por las mujeres que los padecen, permitiendo que los agresores no sean castigados. Paralelamente, las mismas mujeres violentadas tienen dificultad para identificar hechos agresivos en su contra; por la construcción cultural de su género tienden a pensar que efectivamente son merecedoras de las agresiones recibidas y escuchamos las frases “es mi cruz”, “ya no puedo hacer nada”. La violencia contra las mujeres no es normal, pero sí muy común.
Se puede suponer que una de las soluciones para poner fin a la violencia es el divorcio, pero las cuestiones económicas las dificultan, no sólo por los problemas derivados de la organización de la vida familiar y los ingresos (si la mujer depende del cónyuge), sino por la necesidad de tener otra vivienda; la lentitud de los procedimientos y la necesidad de aportar pruebas del maltrato provoca un periodo de convivencia muy tenso en el que se desarrollan las agresiones más graves; además, cuando la pareja tiene hijos, el divorcio no garantiza el fin de la violencia, ya que las visitas pueden ser ocasión para reproducirla. Es imprescindible un trabajo multidisciplinario en instituciones públicas y privadas para evitar más tensiones y conflictos por este trámite, orientando a la familia para un óptimo acuerdo.
Quien detecta la violencia son personas cercanas, vecinos, amigos, familiares, quienes sin importar el rechazo de la víctima están al pendiente de estas personas violentadas. Este núcleo de ayuda pide información, convenciendo a la afectada para acudir a una institución o algún profesional en el área, la mayoría de las veces a escondidas del marido. El tratamiento psicológico es eficaz para trabajar con la víctima, la familia y el agresor, quien necesita psicoterapia, aunque muchas veces nadie se preocupa por su salud mental.
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