El presente texto aborda el reto que enfrentan las instituciones encargadas de los asuntos políticos y públicos del estado mexicano: partidos políticos, las instituciones político-electorales y las élites gobernantes, quienes tienen el desafío de ciudadanizar a los jóvenes, de interesarlos por los asuntos públicos y plantear la discusión sobre una democracia más allá de lo electoral, sobre elementos del diálogo político y la negociación entre las fuerzas sociales que permiten la legitimación de las decisiones públicas.
Palabras clave: Ciudadanía, democracia, instituciones, jóvenes, participación ciudadana, partidos políticos, sistema electoral.
Es un tema complejo hablar de la participación política de los ciudadanos en el México actual, sobre todo en un escenario pospandemia Covid-19, por lo que el encierro significó para los individuos; desde lo positivo, nos introdujo a un mundo tecnológico ya habitual para ciertos sectores, sobre todo el juvenil, pero desconocido para otros tantos; entre los jóvenes, sobre todo los de edad escolar, significó una serie de aprendizajes adicionales a los ya adquiridos; la normalización de la comunicación vía plataformas terminó de consolidar ese modelo de comunicación y por tanto nos llevó a reflexionar sobre la consideración de una serie de variables o alternativas de comunicación para los gobernantes, es decir, la elección en México en 2021 significó considerar entender cómo transmitir las ideas políticas en un entorno y contexto social distinto, con nuevos retos como la digitalización en los distintos sectores educativos, sociales y económicos, así como las necesidades y demandas de una población joven, alfabetizada en un marco de tecnologías de información y en un entorno que presentó retos distintos de visibilidad en los procesos electorales, encaminados a trazar el camino a la elección presidencial del 2024.
En la participación política se encuentran inmersos los conceptos de participación y política, ciudadanía, elección, cultura política y democracia y sistema electoral, por destacar los más visibles. En este trabajo no se abundarán en ellos, sino que servirán como referencia para contextualizar nuestro tema; nos centraremos, en cambio, en los de ciudadanía joven, participación y cultura política e institución política.
La idea central de esta reflexión parte de que la sociedad mexicana, como cualquier otra, es dinámica; sin embargo, consideramos que en los últimos años hay una creciente inoperancia institucional, es decir, que a las instituciones político-electorales les cuesta trabajo convencer al sector juvenil para la participación electoral y política; si bien la normatividad en esa materia, a partir de la reforma político-electoral del 2014, ha tenido grandes aciertos, como la paridad de género, candidaturas independientes y acciones afirmativas1 con la finalidad de afrontar una realidad política y obligar a los partidos políticos a renovar el sistema electoral, en las formas de acceso al poder político de sus representantes.
Las instituciones políticas han debido cambiar para incentivar la participación política e institucional de este sector; si bien los jóvenes, a finales del siglo XX y principios del XXI parecen haber huido de los medios institucionales, este hecho ha significado considerar la necesidad de repensar las instituciones políticas (tras la reforma del 2014), en la búsqueda de crear las condiciones para la participación de los jóvenes, a fin de que las expresiones políticas se apuntaran o se vieran reflejadas en identidades colectivas, como ese sector lo demandaba. Cabe decir que una nueva realidad social impera en la sociedad juvenil de hoy, como las crisis múltiples de violencia, de demandas sociales sin repuesta, lo cual deriva innegablemente en un profundo malestar con la política, o con las formas de hacer política; esto implica la necesidad de crear nuevas formas de participación y de expresión política, así como el surgimiento de lugares en los que lo político se condensa.
Conceptos como ciudadano y democracia se encuentran documentados en la literatura de la ciencia política. Originalmente Aristóteles los refiere en su obra La política. El concepto de ciudadano lo atribuye al hombre libre, no al esclavo; el ciudadano es aquel que se forma en la ciudad, y esta es para Aristóteles una comunidad cuyo fin es ofrecer una vida mejor para familias y linajes, buscar una vida perfecta y autosuficiente, es decir, un espacio relacionado con la armonía, con la vida bella y feliz; es una comunidad política que tiene por causas la práctica de las buenas acciones y no simplemente la convivencia (Aristóteles, 1967, p. 206), es decir, el ciudadano es una construcción colectiva que sólo es posible en la ciudad, ese es un principio fundamental irrenunciable.
A partir de este principio colectivo, la democracia no puede ser imaginada en un mundo individualista, pues va ligada a la participación ciudadana, esto conduce a la formación de ciudadanos; surgen las interrogantes: ¿Cómo se forman esos ciudadanos? ¿Cómo se construye la ciudadanía? ¿Cuáles son sus características? En la realidad de la polis (o ciudad griega) los hombres solamente podían realizarse a sí mismos y vivir honorablemente como ciudadanos si cumplían con sus obligaciones y hacían uso de sus derechos, los cuales no eran atributos del individuo como cosa privada, sino que estaban relacionados con su posición social y se derivaban de su existencia como ciudadano, eran derechos y obligaciones públicas (Held, 1992, p. 32; Sabine, 1963, p. 17).
Deducimos entonces que el ciudadano se forma en el ambiente colectivo de manera natural, y es quien caracteriza a su vez la democracia. En ese sentido, José Antonio Crespo sostiene que el colectivismo y la solidaridad prevalecen sobre el particularismo y el egoísmo. De acuerdo con esta visión, sólo así puede desarrollarse y mantenerse firme una democracia, sólo así sus objetivos básicos —el mayor bien para el mayor número de ciudadanos— podrán prevalecer. Por otra parte, si sobreviven las actitudes individualistas e intereses particulares, la democracia quedará desvirtuada y tarde o temprano dará lugar a un régimen autoritario (Crespo, 2001, pp. 38-39).
Sobre el origen de la democracia, Bobbio sostiene que nació de una concepción individualista de la sociedad; el individuo, como ciudadano moderno, presenta dos características exacerbadas por las formas de vida contemporánea que privilegian los bienes de consumo, este hecho en ocasiones presenta lo colectivo y lo individual como dos opuestos y difícilmente conciliables que potencian el conflicto (Bobbio, 1986, p. 17). El ciudadano, de cualquier forma, ha recibido una educación cívica en el seno de la comunidad en los tiempos que le ha tocado vivir, sea esta vasta o precaria, la cual le permite participar desde el plano individual, no obstante su participación sólo se circunscriba a la participación político-electoral, actuando en un ámbito sumamente intrincado, donde no logra satisfacer las múltiples expectativas que le ha generado una sociedad que eleva las necesidades económicas por encima de las políticas; esto nos conduce a una reflexión obligada sobre una frase lamentablemente escuchada: del poder político, más mercado, menos estado.
Si bien el ámbito de lo ciudadano es más amplio que el electoral, la educación cívica es fundamental, ya que introduce y prepara al individuo para participar en los diferentes ámbitos de la política (Ramírez, 1993, p. 361). Ser ciudadano hoy día no necesariamente se reduce a la participación en un proceso electoral, esto sería una democracia electoral, y por tanto no es la democracia en ámbito amplio de la sociedad como forma de vida y de amplias expectativas como lo es una democracia política y de forma de gobierno.
Para Bobbio, la democracia es moderna y por tanto no puede ser más que una democracia pluralista, aunque este pluralismo sea en sí un problema potencial que deberá ser neutralizado entre los distintos grupos o asociaciones (Dahl, 1991) que se conforman en igualdad de condiciones. “La democracia de los modernos es el estado en que la lucha contra el abuso del poder se desarrolla en dos frentes, contra el poder desde arriba en nombre del poder desde abajo y contra el poder concentrado en nombre del poder distribuido” (Bobbio, 1986, pp. 46-47).
Por otra parte, y desde otro enfoque, Tocqueville concibe a la democracia como una agitación que se da en un primer momento en el ámbito del gobierno, producto de la libertad de los individuos, de la cual emerge esa forma de gobierno así denominada; al respecto menciona:
“Esa agitación siempre renaciente que el gobierno de la democracia ha introducido en el mundo político, pasa luego a la sociedad civil. Y no sé si a fin de cuentas no será esa la mayor ventaja del gobierno democrático, al que alabo aún más por lo que hace hacer que por lo que hace. Es innegable que el pueblo suele dirigir bastante mal los asuntos públicos, pero es que el pueblo no puede ocuparse de los asuntos públicos sin que el círculo de sus ideas extienda y su espíritu salga de la rutina ordinaria” (Tocqueville, 1980, p. 230).
De acuerdo con estas ideas, la democracia es ante todo una forma de gobierno a la que le es inherente el ejercicio del poder. Las formas de gobierno, y su estudio, ha generado varias teorías; así, la democracia como cualquier forma de gobierno, atienden la existencia de esas distintas teorías sobre las formas de gobierno, pero en síntesis es posible decir que todas ellas abordan el tema en dos aspectos, uno descriptivo y otro prescriptivo (Bobbio, 1987, p. 9); el primero plantea un enfoque neutral y el segundo tiende a hacer recomendaciones valorativas sobre los criterios que hacen mejores a unas que a otras; sin embargo, en cualquier caso la democracia no puede construirse ni como gobierno ni como sociedad civil, sino que se da en una relación entre gobierno y gobernados, o entre gobernantes y ciudadanos, lo cual sólo es posible mediante la participación política de los ciudadanos.
Uno de los sectores poblacionales con mayor susceptibilidad a los cambios son los jóvenes, ya que es el sector poblacional con mayor capacidad de respuesta, y los más reactivos en relación con las expectativas generadas para sí y para otros (los que se consideran sujetos y que no se ubican en esta categoría) pero a la vez representan el grupo social con mayor posibilidad de desencanto ante la falla de las instituciones y del estado.
En México los jóvenes están informados (o desinformados) con lo que sucede en este sector poblacional de otras partes del mundo; las tecnologías de la información, los medios y plataformas de comunicación lo hacen posible, ya que la comunicación instantánea en tiempo real les permite una comunicación que obvia costumbres y actitudes diferenciales y da acceso a compartir distintas visiones del mundo.
Para efectos de concepto y visualizar de forma genérica, son considerados como jóvenes a todas aquellas personas que tienen entre 15 y 24 años. Esta definición fue acuñada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1983, y es aceptada de forma universal. Para quienes se ubican en esta definición, el término juventud toca los límites de la inserción en el mundo adulto, lo que se logra mediante la obtención de un trabajo o empleo estable y la fundación de una familia, lo cual posibilita ocupar una posición específica en el juego de roles y estatus en la sociedad (Baeza, 2003).
Desde el ámbito sociológico, se considera que la juventud inicia con la capacidad del individuo para reproducir a la especie humana y termina con la asunción plena de responsabilidades y autoridad del adulto; sin embargo, es preciso señalar que cada nación puede establecer su definición propia; para el caso de México abarca de los 12 a los 29 años.2
Ha sido parte de la conversación principalmente en el sector académico (para quienes se dedican a la docencia en educación media y superior) así como de quienes se encuentran en el ámbito de lo público, la discusión sobre el interés de las juventudes por los asuntos públicos, una visión adultocéntrica que se ha impuesto desde los tiempos del partido hegemónico: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde los elementos determinantes, como pertenecer a la “familia revolucionaria” consistía en haber desempeñado o desempeñar un cargo público que le permitiera calificarse como un indicativo para los procesos de selección de los candidatos, para los distintos cargos.
Aun ahora la trayectoria y la experiencia siguen siendo algunos elementos considerados para elegir a los representantes por parte de los partidos políticos, tan es así que para cualquier propuesta de cargo, lo primero que se solicita es el currículum en el que se muestre las habilidades, destrezas, pero sobre todo la experiencia que refleja la formación, más allá de la académica, la política.
El prototipo y la experiencia por años, ha privilegiado a un determinado grupo de sujetos con ciertas características: hombres, heterosexuales, mestizos, de mediana edad o mayores, quienes de manera histórica han accedido a los cargos de poder, por lo que los sujetos electos, por generaciones crearon leyes e instituciones construidas con esa visión; sin embargo, estos estereotipos no corresponden a la realidad social actual (2024), por lo que ahora la diversidad de realidades que coexisten hacen que la representación política para los distintos cargos públicos, y de forma particular en el Poder Legislativo, sea distinta, en donde al menos en la teoría se expresa la voluntad del pueblo en toda su pluralidad.
Por ello, el sistema político en el contexto de la realidad actual es verdaderamente democrático, pues se busca dotar de credibilidad sus procesos de conformación de autoridades y, al mismo tiempo, recoger la voluntad del mayor número de personas.
La reforma político-electoral del 2014 introdujo una serie de mecanismos que permiten transitar en un país como México; sin duda la ciudadanización de las elecciones ha mejorado la confianza de las personas en los resultados comiciales y, por lo tanto, en la conformación de autoridades. Esto puede visualizarse a través del nivel de confianza en las instituciones mexicanas, evaluadas por la consultora Mitofsky (2020), la cual señala que el 67% de las personas confían en el Instituto Nacional Electoral (INE), en comparación con el 59% que confían en el Senado, 57% en la Cámara de Diputados y 53% en los partidos políticos.
Existen diversos estudios sobre la confianza de los mexicanos en las instituciones en donde convergen los temas públicos: como lo son la gobernanza, los asuntos públicos, los electorales (de partidos políticos) y de las instituciones que los regulan, para efectos de este trabajo, nos concentramos en los jóvenes y su participación política, en relación a la participación de este sector en esos marcos: político-electorales, y en su confianza o no en los partidos políticos y su oferta política, así como la participación directa (candidatos o postulantes) e indirecta (votantes) de los jóvenes en este ámbito.
Por lo anterior, cabe presentar algunos datos que pueden ser relevantes: los resultados del proceso electoral federal 2020-2021 reportan que el 46% de las personas entre 18 y 19 años acudieron a votar, pero el porcentaje de participación se fue a 35% entre las personas de 20 a 29 años. Este dato, según distintas organizaciones civiles, habla de que los jóvenes tienen una baja confianza en los partidos políticos, desencanto y hasta indiferencia; esta tendencia aumenta después de la primera o segunda votación en la que participan; este comportamiento se explica al no ver ningún cambio de lo que esperaban, o que alguna propuesta hecha por algún candidato(a) no se haya cumplido (Espinosa, 2024). Conviene aquí también señalar que los resultados de la Encuesta Nacional de Jóvenes Urbanos (2018),3 revelan que sólo el 5.5% de los encuestados considera que el gobierno se interesa por los jóvenes, y únicamente el 2.2.% está convencido de que los partidos políticos se interesan por ese sector. Además, hay evidencia que demuestra que el pertenecer a cierto nivel socioeconómico marca una mayor diferencia entre los jóvenes en relación con su interés hacia la política, puesto que mientras el 19.5% de los que pertenecen al nivel más alto dijeron tener mucho interés, sólo el 7% de los niveles medio y bajo dijeron tenerlo en igual medida (Gómez Tagle y García, 2021, p. 111).
Se considera relevante exponer que estos datos parecen indicar que existe una correlación positiva entre pertenecer a un nivel socioeconómico alto y el interés en participar en la política a través de los medios convencionales, como acudir a las urnas e incluso buscar espacios de incidencia dentro de los partidos políticos; y el efecto contrario se observa en los niveles socioeconómicos menos favorecidos; pero, lo que se observa a través de los resultados electorales, y toda vez que son publicados por el INE algunos elementos estadísticos, como las numerarias de quiénes y de qué edades acudieron a votar, se puede deducir o interpretar que el desinterés de las juventudes en participar en la política convencional de ninguna manera supone un desinterés total o generalizado respecto de los problemas que les afectan.
Por el contrario, los jóvenes comprenden cuáles son sus preocupaciones primordiales, como el acceso a la vivienda, el empleo seguro o subempleo, la precariedad de los salarios, la marginación, la delincuencia organizada, la violencia de género, la discriminación múltiple, el derecho a la desconexión laboral y al descanso y la salud mental entre muchos otros; para el caso de Jalisco, imposible no mencionar los temas de desaparecidos en ese sector.
Este trabajo pretende visibilizar que el problema no radica en que a los jóvenes no les interese la política, o que sean indiferentes o poco conscientes de sus propias necesidades, sino que el verdadero problema radica en que no encuentran una correlación directa entre el ejercicio del derecho al voto y la voluntad o capacidad de la clase política para resolver sus demandas o problemáticas.
Reflejo de lo expuesto son los datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) en el reciente proceso electoral 2023-2024, en el cual se registraron 217 personas candidatas a diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional que, en promedio tenía entre 39 y 40 años, lo cual refleja que no hay una representación plena del amplio sector social de los jóvenes, y esto a pesar de las acciones afirmativas registradas por los partidos políticos.
Como datos adicionales se puede decir que la escolaridad de las personas electas como diputados en la LXIV Legislatura, se resalta que doce de ellos poseen grado de maestría, once licenciatura completada, una más licenciatura trunca, una con otro tipo de estudios, mientras que de los trece restantes no se tiene información sobre ese rubro; por estos datos es posible decir que las personas que fueron postuladas, en su gran mayoría por los partidos políticos no son jóvenes, y además, el 60% de quienes fueron electos tuvieron acceso a educación superior, lo que implica en una mayor probabilidad que pertenecen a un grupo socioeconómico por encima del promedio.
Se consideran relevantes estos datos porque ejemplifican la realidad social de los jóvenes que ocupan el espacio de lo público, por eso estudios como el de “Cuotas electorales para que los jóvenes accedan al Poder Legislativo en México y en diversos países del mundo”, realizado por la Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados Federal (2022), contiene los datos de las últimas seis legislaturas federales, la representación política de los jóvenes ha sido relativamente baja, puesto que en 18 años este grupo sólo ha logrado acceder a 183 curules —promediando 30 curules por legislatura, comprendida por 500 diputados—, es decir, apenas un 6% a pesar de que los jóvenes (de 18 a 29 años) representan el 26% de la población del país.
No podemos negar que esta situación implica una subrepresentación, y se complejiza cuando se valoran las diferentes condiciones socioeconómicas que en general coexisten entre los jóvenes mexicanos, pues según las cifras del CONEVAL, en 2021 17.6 millones de jóvenes en México (que representan el 56.3%)4 viven en situación de pobreza; y siete de cada diez personas en edad para asistir a la universidad no lo hicieron (SEP, 2021).5 Esto quiere decir la subrepresentación —cuantitativa— de los jóvenes de por sí existe en el sistema político, y entonces es posible decir que se agudiza aún más si se pone atención en el desfase que existe entre el perfil socioeconómico de las personas que son electas en los comicios, en comparación con el perfil promedio de toda la población, lo que significa que la probabilidad de que un joven logre llegar al Congreso represente fiel y cualitativamente a la amplia diversidad del sector juvenil, que se ganan la vida fuera de la política, no es un escenario alentador.
Estos elementos significan obstáculos para la participación política directa, indirecta y efectiva del sector juvenil de la población, y las consecuencias acerca de la utilidad que tiene la democracia en la resolución de sus necesidades primordiales, o sus aspiraciones de vida. Los procesos electorales —por lo menos en los últimos 24 años, desde la llegada del primer gobierno opositor (PAN) en México— continúan y persisten, incluso algunos de ellos se agravan; en tanto que la clase política y sus partidos se enfrascan en discusiones sobre el federalismo, la democracia, la división de poderes, la defensa del Poder Judicial, de la Corte, etcétera, mientras que no se visualiza una mejora en la vida cotidiana, o que se vea reflejado en la calidad de vida de los ciudadanos, por el contrario los indicadores de pobreza obligan a los jóvenes a abandonar sus lugares de origen, sea por la violencia o por falta de oportunidades, forzados a tomar trabajos de tiempo completo con sueldos precarios, a ocupar viviendas en las periferias, sustituyendo el tiempo de descanso y de ocio por tiempos de traslados y jornadas laborales extenuantes.
En su obra La condición humana Hanna Arendt (2016) analizó las actividades básicas y la trascendencia que estas tienen en la vida humana y su significado, en la cual se distinguen tres: labor, trabajo y acción. Siguiendo los postulados aristotélicos, nos enfocamos en este último (la acción) como la actividad política y social que se desarrolla en el ámbito público, en un ambiente de pluralidad, que le permite a los sujetos dejar un legado duradero en la historia. En su argumentación, Arendt expone que la modernidad ha llevado a una pérdida de significado en la vida pública y política debido a la concentración excesiva de las personas en la labor y el trabajo; si bien esta tesis fue escrita en 1958, mantiene su vigencia a la fecha, sobre todo en lo relacionado con la atención de los jóvenes para satisfacer las necesidades más básicas, como el alimento, el vestido y la vivienda. En contraparte, ¿cómo los jóvenes pensarán sobre ofertas políticas relacionadas con la división de poderes, la autonomía de las autoridades electorales, contra una realidad como la imposibilidad de adquirir una vivienda, por ejemplo? Y no queremos que se malentienda esta discusión, ya que se está convencido de la vida institucional y del significado de la fortaleza de las instituciones, sino lo que se quiere decir es que este tipo de propuestas se vuelven secundarias para quienes no tienen garantía de lo más básico en principio.
Con todos estos elementos expuestos, se invita a revisar aspectos sobre la realidad de los jóvenes y su inserción en la política en México: ¿Qué tanto ocupan la agenda gubernamental, desde la toma de decisiones? Es decir, ¿cuántos logran acceder al poder por medio de acciones afirmativas? ¿Son suficientes para representar a la amplia diversidad de jóvenes que cohabitan en determinado territorio? ¿Están todos los jóvenes representados? Estas son preguntas que nos hacemos ante los nuevos escenarios, y estas preguntas siguen en el ambiente político y académico, y hacemos votos para obtener los datos para responderlas, o acercarnos a una respuesta. Lo que es innegable es que hay una sociedad de jóvenes que se expresan, y algunos autores han escrito sobre esto, entre ellos Manuel Castells (2012, p. 385), quien afirma: “Por todas partes percibimos una tendencia al descontento respecto a los partidos y las instituciones políticas, pero esto no se traduce necesariamente en una retirada del sistema político”, en razón de que existen alternativas de participación para distintos grupos, como la movilización a favor o en contra de alguna opción política, como la puesta en escena de alguna fuerza política —Kumamoto y después Futuro,6 en el caso del estado de Jalisco— o poner a esa fuerza en apoyo de candidaturas de terceros partidos —el caso de Kumamoto y su alianza con Morena7 para el proceso electoral en el 2024—, con voto de protesta o unido en la oposición con el fin de desafiar al poder establecido desde el propio sistema —para el caso de Jalisco se refiere a MC,8 el partido en el poder desde el 2018 a la fecha— y buscar incrementar la movilización social, la alternancia y la oposición hacia el sistema político actual (Castells, 2012, pp. 385-386).
En seguimiento a estas expresiones de los jóvenes y su participación política directa o indirecta, y ante las distintas causas que generan el descontento y la insatisfacción con la política tradicional, existen alternativas de participación política por un sector de jóvenes que lo hacen a través de las redes sociales, y que han hecho del uso de las tecnologías de la información una herramienta de apoyo para su forma de expresión y de comunicación, la cual es un camino posible que permite al joven exponer sus demandas. Estos espacios “de autonomía en gran medida fuera del control de gobiernos y corporaciones que, a lo largo de la historia, han monopolizado los canales de comunicación como cimiento de su poder” (Castells, 2012, p. 20) son una clara expresión social del sector de los jóvenes, y han obligado a los gobiernos a migrar a un modelo de comunicación por redes sociales que anula la unidireccionalidad y democratiza el espacio público, al permitir la participación de cualquier persona sin la necesidad de que se esté presente físicamente, y al tiempo también posibilita la masificación de las ideas.
Como a lo largo del texto se ha expuesto, la forma de entender los conceptos de democracia, y orientados a la participación política de los jóvenes actualmente en México, se reconoce que la poca participación de este sector en los procesos electorales, las tomas de decisiones y la ocupación de espacios y participación de los asuntos públicos, no son orientadas debido a una apatía, sino que esta problemática es mucho más compleja, las ideas van desde las razones de utilidad política y pública, más allá de observarse como un tema de responsabilidad o irresponsabilidad, sino desde una deficiente educación cívica, la baja confianza en las instituciones, en los partidos políticos y hasta razones sociales y económicas, las segregaciones culturales, la renuncia involuntaria a derechos como el patrimonio y la jubilación y hasta por el tipo de condiciones laborales que prevalecen en el país, como condicionantes a esa participación.
Puede entenderse también —mas no justificarse— que la apatía de cierto sector de jóvenes expresan su rechazo al sistema a través del abstencionismo electoral, la crítica desde internet con nombre y apellido o desde el anonimato; finalmente la política es la diversa y multifacética lucha por la dignidad y exigencia de ser respetado en igualdad de condiciones que los demás (Fukuyama, 2019, p. 15).
El reto que se tiene, y se propone, es atender y entender las formas de comunicación de los jóvenes, la medida en que se pueden y deben atender sus demandas y necesidades, así como ejercicios de proponer una apertura en el sistema político que permita reconocer e institucionalizar las distintas formas de activismo y participación de todas las personas, las cuales más allá de las urnas luchan por un reconocimiento de sus derechos, su dignidad y una atención a sus necesidades; la construcción de una ciudadanía informada es un derecho, la clase política debe atender las exigencias sociales de este sector, escucharlos, atenderlos con el fin de incluirlos en la agenda, en el espacio de lo público, es preponderante para aquellos que quieren mantenerse en el juego del poder; por otra parte, la academia está obligada a ser un vehículo que oriente y eduque en el valor cívico para la construcción de ciudadanía.
1 Se entienden como acciones afirmativas las medidas que se implementan en normatividad, para corregir situaciones de desigualdad en el disfrute de derechos y libertades. El objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales. Algunas acciones afirmativas de género son, por ejemplo: alternancia de género, cuota de género, empoderamiento de la mujer. Las acciones afirmativas han sido importantes para ampliar los espacios de participación política para distintos sectores, como los jóvenes y las personas con discapacidad.
2 Artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Fecha de consulta: febrero de 2024. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIMJ.pdf.
3 Citado en Gómez (2021). “La confianza y la participación de la juventud en la democracia”. INE. Recuperado de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/08/confianzayparticipacion.pdf Fecha de consulta marzo: de 2024.
4 Se consideraron como jóvenes a las personas entre 15 y 29 años contabilizadas en el censo 2020. Disponible en https://www.ine-gl.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=.
5 Citado por la Subdirección de Análisis Económico (2022).
6 Futuro es un partido político local en el estado de Jalisco, fundado por Pedro Kumamoto en 2020, con el fin de ser una alternativa de fuerza política, y sus integrantes en su mayoría son jóvenes.
7 Morena es el partido Movimiento de Regeneración Nacional; desde 2018 se convirtió en la primera fuerza política en México.
8 MC es el partido Movimiento Ciudadano, sus candidatos fueron electos para ocupar el poder ejecutivo en el anterior y en el actual sexenio; ostentaron también la mayoría en la Cámara de Diputados en Jalisco en los años 2018 y 2021, respectivamente.
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