El federalismo como política educativa

El presente trabajo aborda, en primer lugar, el tema de las políticas educativas, para enseguida adentrarse y entender el tema de la federalización de la educación básica, como una política educativa, entendida en los siguientes términos: “Una actividad gubernamental orientada al logro de varios fines o propósitos por lo que implica la opción del gobierno por hacer o no hacer”. (Ponce, 2011, 33).

La reforma educativa de los años noventa del siglo XX ha constituido un tema de revisión y análisis para los estudiosos de la educación. Las transformaciones educativas enunciadas en el Programa de Modernización Educativa (1989), el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa (1992), la Ley General de Educación (1993), el Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000), el Programa Nacional de Educación (2000-2006), entre otros documentos, establecieron varias intenciones como desburocratizar la educación a través de los procesos de la federalización-descentralización, la calidad, obtener una escuela eficiente y eficaz, alcanzar procesos de gestión adecuados.

La federalización de la educación básica se circunscribe al ámbito de las políticas educativas (Tinoco 2010, Ponce, 2011), razón por la cual es necesario entender en qué consisten y conocer sus características, lo que permitirá entender la esencia de la federalización educativa, comprender las razones y los fines que orillaron a su implantación en la educación básica y normal.

En este tenor, por política educativa se entiende el conjunto de acciones reguladas por el Estado en el ámbito de la administración pública que influyen en la organización y administración de la educación como servicio público. Se trata de un conjunto de acciones encaminadas a orientar y dirigir el funcionamiento del sistema educativo nacional (Tinoco, 2010, 23).

Por su parte, Reimers (1995) se refiere a las políticas educativas como “el conjunto de decisiones y acciones tomadas con el propósito deliberado de cambiar los insumos, los procesos y los productos del sistema educativo”, que pueden ser implícitas o explícitas. Las políticas explícitas son aquellas diseñadas para producir ciertos estados en el equilibrio del sistema, mientras que las implícitas son las que, por omisión, por no decidir atender o cambiar ciertos aspectos del sistema, equivalen a la decisión de mantener un estado presente de cosas.

Al respecto, Cruz (2010) señala que las políticas educativas pueden entenderse como tejidos que entrecruzan ciertos rubros u ordenanzas, que constituyen significados y conceptos. Por ejemplo, las políticas educativas transformadas en programas puestos en operación que dan pauta a conceptos como calidad, innovación, evaluación, los cuales circulan, se desplazan y configuran el escenario educativo. Estos conceptos y otros confeccionan y dan textura a las políticas educativas, las cuales tapizan el terreno escolar. “Este tapiz involucra valores y prácticas que contribuyen a la legitimación de mercado, a promover el egoísmo, el individualismo, la competitividad, la desigualdad y la invalidez del Estado como promotor de la distribución más equitativa de la riqueza y del conocimiento” (Cruz, 2010, 96-97).

Antes de continuar con el tema del federalismo como política educativa es preciso señalar que al hablar de federalismo invariablemente se estará haciendo alusión al término de descentralización, que es su referente conceptual. En esta postura coinciden estudiosos del tema como Carlos Román Celis, quien expresa que el federalismo es la descentralización máxima, y Sánchez Agesta, quien expresa que el estado federal es simplemente una amplia forma de descentralización y de división territorial del poder de carácter constitucional.

Periodos de las políticas educativas
El federalismo posee un carácter histórico, es un proceso que no surge de manera espontánea, atiende a su pasado que le da forma y su razón de ser. Por ello es necesario, para poder entender en qué consiste el federalismo educativo, recurrir a los periodos o momentos de las políticas educativas en América Latina, los cuales se exponen a continuación.

a) Carácter político e identidad nacional (siglo XIX e inicios del siglo XX), en el que por medio de la educación se inculca a la población un sentimiento de pertenencia a un conglomerado nuevo. Se trata de promover, a través de la alianza de las élites (iglesia, dirigencia política, ejército y terratenientes), un Estado Nación.

b) Función económica de la educación (década de los 60 y 70 del siglo XX), en el que participan nuevos actores sociales representativos de una industrialización emergente, una incipiente clase media, la burocracia estatal y los cuerpos corporativos incorporados a ésta.

Este periodo se caracteriza por la expansión de los sistemas educativos. En este momento se considera la educación como factor que potencie la industrialización y surge la teoría del capital humano; asimismo, se justifica la inversión de la educación como factor de desarrollo. Se efectúan grandes inversiones y reformas optimistas para aumentar la cobertura de los sistemas educativos y vincular la educación con la producción mediante las escuelas técnico-vocacionales.

Sobreviene a continuación una crisis educativa, momento que se caracteriza por un ajuste en la economía, la limitación de la intervención del Estado y la reducción del gasto social, así como cambios apoyados en el contexto ideológico neoliberal emergente comprendido en los años 70 y 80 del siglo pasado (Casassus, citado por Tinoco, 2010, 24-25).

Esta crisis económica precipitó la aparición de políticas neoconservadoras y neoliberales que se aplicaron en el Reino Unido y en los Estados Unidos. A ello debe sumarse el factor político de repercusiones mundiales, como la caída del muro de Berlín en 1989 y el desplome del comunismo en la Unión Soviética en 1991 (Puelles, 2000, 30).

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